Las Drogas y el Trabajo
by: Carl Vinson Institute of Government, University of Georgia
El análisis de las drogas en las personas y la privacidad del individuo
El requisito de pasar un análisis para probar que no existe drogadicción (drug tests o drug testing) como condición para contratar a una persona o para que continúe en el empleo, también es polémico. Los que se oponen argumentan que el análisis para detectar el uso de drogas, sin que exista sospecha de su uso, viola un importante derecho constitucional. La Cuarta Enmienda de la constitución estadounidense provee la protección contra el registro y la confiscación por parte del Estado sin que exista una sospecha razonable de la culpabilidad. El análisis de drogas representa un registro. ¿Debiera hacerse solo si existe una sospecha razonable de que se haya tomado drogas?
Por lo general, el análisis a cargo de las empleadores particulares es legal, pues la Constitución solo tiene vigencia cuando se refiere a las acciones gubernamentales. Sin embargo, la presencia o ausencia de los mismos análisis forman parte de las negociaciones obligatorias en los contratos sindicales.
Desde el año 1990, el Tribunal Supremo generalmente ha apoyado el análisis para detectar el uso de drogas entre los empleados públicos que ocupan puestos donde existe un interés convincente de la seguridad pública. Por ejemplo, el Tribunal ha mantenido la práctica del análisis de los empleados ferroviarios cuando están involucrados en accidentes que han producido víctimas. También ha mantenido su decisión en los análisis de los empleados del Departamento de Hacienda (IRS por sus siglas en inglés) de los EE.UU. que solicitan empleos donde tendrían que llevar armas o actuar en los programas del control de drogas.
Por otro lado, los análisis conducidos en forma ocasional o al azar de los empleados del Departamento de Justicia, de empleados ferroviarios y de conductores de camiones no se ha mantenido desde 1990. Tampoco se ha mantenido el análisis al azar ni el general de todos los estudiantes de un colegio. Sin embargo, los análisis se han permitido en el caso de actividades voluntarias, como en el caso de los deportes. Las leyes de Georgia autorizaron en 1990 el análisis de empleados en los puestos de alto rango. Una ley de Georgia de 1995 requiere ahora el análisis de drogas para ciertos empleados estatales. También ordena que los solicitantes de esos puestos se sometan al análisis para la detección de drogas ilegales como condición previa para que sean contratados por el estado.
Ésta es otra área en la que los tribunales deben establecer un balance entre intereses opuestos. ¿Qué es más importante? ¿Preservar un derecho constitucional o los esfuerzos para poner límites al uso de las drogas? ¿Es importante que esos esfuerzos produzcan efecto?
*Extraído de Una Introducción a la Ley en Georgia, Tercera Edición, publicado por el Instituto Gubernamental Carl Vinson, 1998 (actualizado en el aZo 2001). El Instituto Vinson no es responsable de errores en el texto electrónico. El contenido es puramente informativo; y de ninguna forma la información del libro deberá considerarse como consejería legal para ninguna persona en ningun asunto en el cual hayan implicaciones legales. Tal materia deberá de ser tratada con un abogado. El libro se encuentra a la venta en www.cviog.uga.edu o contactándose con el Programa de Publicaciones del Instituto Gubernamental Carl Vinson, Universidad de Georgia, 201 M. Milledge Avenue, Athens, GA 30602; teléfono 706-542-6377; fax 706-542-6239.
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